Desde hace relativamente poco tiempo, ya puede consultarse el borrador del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 31\/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci\u00f3n de Riesgos Laborales (LPRL); el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2\/2015, de 23 de octubre; y el Reglamento de los Servicios de Prevenci\u00f3n, aprobado por el Real Decreto 39\/1997, de 17 de enero (RSP).<\/p>\n
En la exposici\u00f3n de motivos de este borrador, se vincula esta reforma legal a la necesidad de actualizar la normativa de prevenci\u00f3n de riesgos laborales vigente, con el fin de corregir los problemas manifestados durante los treinta a\u00f1os de vigencia de la Ley de Prevenci\u00f3n de Riesgos Laborales, as\u00ed como de adaptarla a los cambios que se est\u00e1n produciendo en el mercado de trabajo como consecuencia de las transiciones ecol\u00f3gica, digital y demogr\u00e1fica. Tambi\u00e9n se presenta la modificaci\u00f3n de la LPRL y del RSP como uno de los objetivos de la Estrategia Espa\u00f1ola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 para mejorar su aplicaci\u00f3n y favorecer la integraci\u00f3n de la prevenci\u00f3n en las organizaciones. Adem\u00e1s, con esta norma se recuerda que se avanza en el cumplimiento de la meta 8.8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, en la protecci\u00f3n de los derechos laborales y la promoci\u00f3n de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todas las personas trabajadoras. Asimismo, se vincula al cumplimiento del principio 10 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisi\u00f3n en la Cumbre Social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada el 17 de noviembre de 2017, que establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un elevado nivel de protecci\u00f3n de la salud y la seguridad durante el trabajo.<\/p>\n
Como contexto necesario de este borrador de reforma legal, conviene recordar que la normativa a\u00fan vigente en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales no incluye un concepto expreso de riesgo psicosocial ni un modelo normativo regulador espec\u00edfico dedicado a los riesgos psicosociales. A diferencia de otros factores de riesgo y riesgos laborales que s\u00ed han sido objeto de atenci\u00f3n espec\u00edfica por parte del legislador, no existe ning\u00fan reglamento espec\u00edfico dedicado a los riesgos psicosociales. Esto no ha impedido que los \u00f3rganos jurisdiccionales hayan declarado la necesidad, no cuestionada, de proceder a la evaluaci\u00f3n de los riesgos psicosociales y cumplir con el resto de obligaciones derivadas de ella. Sin embargo, la inexistencia de un concepto de riesgo psicosocial y de un marco regulador espec\u00edfico para estos riesgos conduce siempre a un camino m\u00e1s complejo para lograr un entorno seguro y saludable tambi\u00e9n respecto de aquellos factores de riesgo psicosocial que pueden derivar en da\u00f1os para la salud mental de las personas trabajadoras.<\/p>\n
Esta inercia hist\u00f3rica de invisibilizaci\u00f3n de los riesgos psicosociales en la normativa preventiva y, por tanto, de su infravaloraci\u00f3n en la cultura preventiva, se produce igualmente y es, en parte, consecuencia de la propia evoluci\u00f3n normativa del concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional recogido en el marco de la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n social, atrapado desde principios del siglo XX en una concepci\u00f3n centrada en la seguridad en el trabajo y en los accidentes laborales, es decir, en el \u00e1mbito del \u201cda\u00f1o visible\u201d propio de determinados sectores y ocupaciones, caracter\u00edsticos de trabajos realizados por los trabajadores y de un momento hist\u00f3rico en el que a\u00fan no se hab\u00eda producido la incorporaci\u00f3n masiva de las mujeres al trabajo remunerado.<\/p>\n
Las enfermedades de etiolog\u00eda laboral causadas por factores de riesgo psicosocial, que impactan sobre la salud mental de la persona trabajadora, han sido reconducidas de forma casi generalizada a su declaraci\u00f3n como enfermedad com\u00fan, en clara contradicci\u00f3n con las estimaciones estad\u00edsticas de m\u00faltiples organismos p\u00fablicos respecto a la afectaci\u00f3n de la salud mental en los entornos de trabajo y sus consecuencias, ps\u00edquicas y f\u00edsicas, o respecto a los posibles \u00edndices de mortalidad por esta causa. Se ha tendido, por tanto, a identificar este \u201cda\u00f1o invisible\u201d m\u00e1s como un problema cuyo origen reside en la persona y no en las condiciones de trabajo. La misma situaci\u00f3n se ha proyectado respecto al reconocimiento de la diversa tipolog\u00eda de da\u00f1os sobre la salud asociados a los factores de riesgo psicosocial (f\u00edsicos, fisiol\u00f3gicos, cognitivos, emocionales, conductuales o sociales).<\/p>\n
Esta realidad puede cambiar sustancialmente si las modificaciones recogidas en el borrador de reforma de la LPRL y del RSP llegan finalmente al BOE, ya que estas allanan el camino respecto a la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de la prevenci\u00f3n de los riesgos psicosociales y el reconocimiento de los da\u00f1os asociados, as\u00ed como a la consideraci\u00f3n de la salud mental como un \u00e1mbito de necesaria integraci\u00f3n dentro del concepto de salud laboral. En relaci\u00f3n con este cambio, el citado borrador hace referencia expresa a los riesgos psicosociales, especialmente a los emergentes derivados de las nuevas formas de organizaci\u00f3n del trabajo y de la digitalizaci\u00f3n, que afectan de manera significativa a la salud y al bienestar de las personas trabajadoras, resultando imprescindible que la normativa los integre de manera expl\u00edcita y eficaz en la acci\u00f3n preventiva.<\/p>\n
Al mismo tiempo, la modificaci\u00f3n de la LPRL y del RSP se presenta como una oportunidad para incorporar al ordenamiento jur\u00eddico interno las prescripciones de los convenios de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo ratificados por Espa\u00f1a y que todav\u00eda requieren alg\u00fan encaje normativo, como el Convenio 190 sobre la eliminaci\u00f3n de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en el que se prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de tener en cuenta, en la gesti\u00f3n de la seguridad y salud en el trabajo, la violencia y el acoso, as\u00ed como los riesgos psicosociales asociados, con el objetivo prioritario de garantizar condiciones de trabajo dignas para todas las personas trabajadoras. Con esta finalidad se modifica el art\u00edculo 4 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a los derechos laborales de las personas trabajadoras, incluyendo el derecho a la integridad f\u00edsica y moral y a la protecci\u00f3n frente a la violencia y cualquier tipo de acoso.<\/p>\n
En lo que respecta a los riesgos psicosociales, el borrador recoge, entre otras modificaciones, la necesidad de reforzar la gesti\u00f3n y protecci\u00f3n de las personas trabajadoras frente a determinados riesgos, como los psicosociales. Conforme a ello:<\/p>\n
Puede afirmarse, por tanto, que las reformas planteadas s\u00ed supondr\u00e1n cambios respecto al tratamiento de los riesgos psicosociales y la salud mental en los entornos de trabajo. La mayor o menor amplitud de los mismos depender\u00e1 en buena medida del contenido del nuevo Reglamento anunciado sobre riesgos psicosociales. Pero no cabe duda de que avanzamos hacia un marco regulador espec\u00edfico sobre riesgos psicosociales, que refuerza la transici\u00f3n hacia un concepto de salud laboral m\u00e1s alineado con la noci\u00f3n de salud entendida como un estado de completo bienestar f\u00edsico, mental y social, y no solo como la ausencia de accidentes o enfermedades, proclamada desde hace ya muchas d\u00e9cadas por la OMS. La reforma anunciada supone un importante paso para reafirmar que la salud mental en los entornos de trabajo \u00abs\u00ed importa\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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